El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto-ley que contiene un conjunto de medidas urgentes en los ámbitos fiscal, laboral, financiero e hidrológico para apoyar al sector agrario para hacer frente a la situación prolongada de sequía, que compromete las producciones.
El real decreto-ley aprobado en el Consejo de Ministros contempla apoyos en los ámbitos fiscal, laboral, financiero e hidráulico que implican a seis ministerios, estimados en 450 millones de euros. Entre ellas, los agricultores y ganaderos podrán tener una reducción del 20 % en los módulos del IRPF y acceder a líneas de créditos ventajosas.
En materia laboral, se concede un aplazamiento del pago en las cuotas a la Seguridad Social y se equipara la contratación como fijo discontinuo y la contratación eventual, a los efectos de acceso y determinación del derecho al subsidio.
También se ha fijado para el año 2022 un precio para el agua desalada, clave para paliar la situación en las explotaciones agrícolas y ganaderas del sureste español, así como una reducción de los cánones de regadío en las cuencas de Guadalquivir y Guadiana.
MEDIDAS LABORALES
En materia laboral y de Seguridad Social, el real decreto-ley recoge medidas de liquidez, como son los aplazamientos especiales, para empresas incluidas en el Sistema Especial Agrario y para autónomos pertenecientes al Sistema Especial para Trabajadores por cuenta propia (SETA), de las cuotas a la Seguridad Social a un interés muy reducido, del 0,5 %, siete veces inferior al habitual.
En el caso de las empresas, los periodos de devengo serán entre los meses de marzo a mayo de 2022 y, para los autónomos, de abril a junio.
Asimismo, se autoriza una reducción del número mínimo de jornadas reales cotizadas, de 35 a 20, para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria a favor de trabajadores eventuales agrarios residentes en el territorio de las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura, los dos más afectados por la situación de sequía.
Se equipara la contratación como fijo discontinuo y la contratación eventual, a los efectos de acceso y determinación del derecho al subsidio para trabajadores eventuales agrarios y a la renta agraria.
MEDIDAS FISCALES Y ECONÓMICAS
En relación con medidas de carácter fiscal, se aprueba una reducción del 20 % del rendimiento neto para las actividades agrícolas y ganaderas que tributan en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por el método de Estimación Objetiva (módulos), una iniciativa que se estima que beneficiará a 918.000 agricultores y ganaderos, y reducirá la base imponible en más de 500 millones de euros.
También se aprueba la exención de las cuotas del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza rústica para determinados productores agrarios que reúnan ciertos requisitos.
En lo relativo a las medidas destinadas a la sostenibilidad de las explotaciones, se aprueban medidas de liquidez con una línea de ayuda directa con un presupuesto de 10 millones de euros, que podrá movilizar más de 100 millones de euros en el sector, además de avales en explotaciones agrarias y líneas de financiación de 2,7 millones de euros.
En cuanto al seguro agrario, se acordará, “a la mayor brevedad”, las ampliaciones de crédito precisas a fin de que se pueda dar respuesta al incremento en la contratación producida en el Plan de Seguros Agrarios Combinados.
Además, el Gobierno solicitará los anticipos de las ayudas y flexibilización de las condiciones de aplicación de la Política Agraria Común (PAC), una de las medidas más reclamadas por el sector.
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